La aparición el pasado fin de semana de 19 personas calcinadas en el estado mexicano de Tamaulipas volvió a dejar clara la extrema violencia y vulnerabilidad que se vive en esta región fronteriza de la que no se escucha tanto.
Aún se desconocen sus identidades, pero el gobierno de Guatemala sospecha que sean migrantes de su país que intentaban llegar a Estados Unidos. Varias personas en el país centroamericano ya se hicieron pruebas de ADN convencidas de que sus familiares están entre los fallecidos.
Esta hipótesis recordó a muchos la masacre en 2010 contra 72 migrantes en San Fernando, también en Tamaulipas. Incluso Naciones Unidas comparó ambos sucesos y subrayó que los familiares de aquellas víctimas siguen "en búsqueda de verdad, justicia y reparación".
Pero el gobierno mexicano rechazó tajantemente este miércoles que aquella injusticia atribuida a Los Zetas y sin esclarecer desde hace once años vaya ahora a repetirse.
"No es un San Fernando, ¿por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente (…) No va a haber impunidad, y también la identificación de los cuerpos", dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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