El asesinato de decenas de mujeres en la única prisión femenina de Honduras ocurrió en un contexto de creciente tensión entre pandillas que había sido subestimado por las autoridades.
En la mañana del 20 de junio, un grupo de mujeres presuntamente vinculadas a la pandilla Barrio 18 incendiaron un módulo de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Honduras y dispararon armas de fuego contra otras mujeres, resultando en la muerte de al menos 46 mujeres, según confirmó el Ministerio Público del país a través de su cuenta de Twitter.
La mayoría de ellas murieron calcinadas en el módulo designado específicamente para la MS13, una de las pandillas más poderosas de Centroamérica. El lugar habría quedado completamente destruido tras el incendio, según funcionarios del penal contactados por InSight Crime. Sin embargo, también fueron acribilladas otras mujeres que no pertenecían a alguna pandilla. Los medios hondureños reportaron además siete mujeres heridas que fueron trasladadas de emergencia al hospital más cercano.
Con los testimonios de una de las sobrevivientes y de Dania Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de la Libertad, varios medios hondureños reportaron que se utilizaron armas de alto calibre, explosivos y machetes durante el violento episodio. Sin embargo, las autoridades no han dado una versión oficial al respecto.
Como respuesta a la masacre, la viceministra de seguridad Julissa Villanueva declaró estado de emergencia y autorizó la intervención de la Policía Nacional de Honduras, bomberos y fuerzas armadas para controlar la situación en el penal.
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