Entre 2021 y 2024, el gasto del Estado paraguayo en alquiler de edificios y locales se mantuvo en niveles elevados con un aparente crecimiento leve dado que varias dependencias no registran ejecución en algunos años, tal como se puede observar en la infografía. De acuerdo con datos disponibles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total destinado a este rubro pasó de G. 187.759 millones en 2021 a G. 200.409 millones en 2024, y más de G. 789.134 millones con todas las fuentes de financiamiento en el mencionado periodo (US$ 110.337.581 al tipo de cambio promedio).
Más de US$ 100 millones en alquileres pese a inversión en oficinas de Gobierno
El Poder Ejecutivo sigue concentrando la mayor parte de estos desembolsos, con un promedio cercano al 50% del total nacional. En 2024 destinó G. 92.907 millones a alquileres, cifra que, aunque representa una leve reducción en participación respecto al 52,8% de 2021, continúa evidenciando un patrón de concentración estructural del gasto. Esta persistencia revela la ausencia de una estrategia integral de uso de inmuebles propios o de traslado hacia edificios estatales ya existentes como las oficinas de Gobierno cuya inversión fue de aproximadamente US$ 100 millones, generando aún costos...
Una de las tendencias más notorias se observa en las entidades financieras oficiales, que elevaron sus gastos en alquileres de G. 13.690 millones en 2021 a G. 21.704 millones en 2024, equivalente al 10,8% del total nacional. El incremento, más allá de reflejar una expansión operativa, también plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo de estas instituciones: la apertura de nuevas oficinas podría justificarse solo si existe un plan de transición hacia inmuebles propios, de lo contrario, los arrendamientos seguirán absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversión...
Los entes autónomos y autárquicos también aumentaron su peso en el gasto total, del 7,1% al 10%, mientras que las universidades nacionales y las entidades de seguridad social muestran una tendencia similar, con subas en torno al 1,6% y 1,7%, respectivamente, reflejando la expansión institucional del sector público, pero también evidencia una falta de coordinación en materia de infraestructura, donde cada organismo gestiona sus necesidades edilicias de manera aislada, sin un plan conjunto que permita reducir costos o compartir espacios administrativos.
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