Nancy Lucina Godoy, proveedora del Estado acusada de causar un perjuicio de G. 6.000 millones a la Secretaría de la Niñez, recusó a todos los fiscales de Delitos Económicos, incluido el adjunto, Federico Espinoza. La maniobra forma parte del esquema para el blanqueo. Desde el Jurado presionan por la impunidad.
Godoy, bajo patrocinio del abogado Gustavo dos Santos Ros, recusó a los fiscales de Delitos Económicos Victoria Acuña, Liliana Alcaraz, Igor Cáceres, Martín Cabrera, Nadine Portillo, René Fernández, Yolanda Portillo, Luis Piñánez, José dos Santos, Josefina Aghemo, Claudia Morys, Hernán Galeano y al adjunto, Federico Espinoza.
La procesada refirió que atendiendo varios hechos puede colegir que la acusación contra ella es una “cuestión concertada en toda la Unidad de Delitos Económicos”.
La recusación es una maniobra para que el fiscal general, Javier Díaz Verón, designe a un agente a medida de la proveedora, que tiene mucho poder económico.
El martes 11 está prevista la audiencia preliminar en la que la jueza Rosarito Montanía tiene que resolver si envía o no a Godoy y a otros acusados a juicio oral
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