<p>Con el proposito de abordar los alcances y desafios de la nueva Ley de Armas N° 7411/24, jueces penales y representantes de la Direccion General de Material Belico (Digemabel) participaron este viernes 24 de octubre de una reunion interinstitucional en la sede judicial de Asuncion. El encuentro, encabezado por la secretaria ejecutiva de la Oficina Tecnica Penal (OTP), abogada Silvana Luraghi, y el director general de la Digemabel, general de Division Melanio Salomon Servin, tuvo como finalidad analizar el destino final de las armas incautadas o recuperadas del crimen organizado, en el marco de la implementacion de la nueva normativa.</p>
Con el propósito de abordar los alcances y desafíos de la nueva Ley de Armas N° 7411/24, jueces penales y representantes de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) participaron este viernes 24 de octubre de una reunión interinstitucional en la sede judicial de Asunción. El encuentro, encabezado por la secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP), abogada Silvana Luraghi, y el director general de la Digemabel, general de División Melanio Salomón Servín, tuvo como finalidad analizar el destino final de las armas incautadas o recuperadas del crimen organizado, en el marco...
Por disposición de la ministra encargada de la OTP, doctora Carolina Llanes, se conformó un equipo de trabajo integrado por jueces y camaristas del fuero Penal para el estudio detallado de la Ley N° 7411/24, que entró en vigor en diciembre de 2024. La iniciativa responde a un pedido formal de la Digemabel, orientado a definir criterios sobre el destino final de las evidencias, considerando que la nueva legislación no establece plazos ni procedimientos específicos al respecto.
Durante la reunión, la secretaria ejecutiva de la OTP explicó que el objetivo del equipo es analizar los artículos de la normativa relacionados con la disposición final de las evidencias y escuchar las recomendaciones técnicas de la Digemabel.
Por su parte, el general Servín agradeció a la ministra Llanes por su apoyo y explicó que la Ley N° 7411 presenta ambigüedades en comparación con la anterior Ley N° 4036, que facultaba a la institución a disponer de las armas en un plazo de tres años, ya sea para su destrucción o reasignación a las fuerzas de seguridad, previo análisis técnico. “Actualmente ingresan alrededor de 200 armas por semana. Si bien el sistema de registro está completamente digitalizado y auditado, con el tiempo la acumulación podría generar dificultades operativas”, señaló.
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