La jueza de Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez rechazó la revisión de medidas cautelares planteada por la defensa de una de las farmacéuticas que fueron procesadas por la venta irregular de medicamentos. La resolución afecta a Lilian Roxana Chena Sánchez, cuyo defensor, Rubén Darío Peña, requirió la revisión de medidas. Sostuvo que la misma era la empleada de la farmacia y que solo cumplía órdenes, por lo que solicitó el arresto domiciliario.
Sin embargo, la jueza entendió que subsiste el peligro de fuga y de obstrucción de la investigación. La pena, en caso de condena por el hecho, es de 4 a 15 años de encierro. Así, confirmó la prisión preventiva. Asimismo, Sánchez hizo lugar a la autorización judicial para la extracción de los datos de 10 aparatos celulares que fueron incautados durante los allanamientos realizados a las farmacias por el Ministerio Público.
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