Las conclusiones finales de la Fiscalía en el escándalo conocido como la «mafia de los pagarés» destapan los mecanismos internos de los juzgados que facilitaron cientos de demandas masivas promovidas por compañías de crédito. De los 66 imputados en esta causa, cuatro decidieron cooperar con la justicia y, a cambio, la Fiscalía solicitó la suspensión […]
Las conclusiones finales de la Fiscalía en el escándalo conocido como la «mafia de los pagarés» destapan los mecanismos internos de los juzgados que facilitaron cientos de demandas masivas promovidas por compañías de crédito.
De los 66 imputados en esta causa, cuatro decidieron cooperar con la justicia y, a cambio, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional del proceso, condicionada a donaciones y normas de conducta que el tribunal definirá oportunamente. Además, uno de ellos enfrenta un pedido de sobreseimiento definitivo.
Un testimonio clave proviene del funcionario judicial Nicolás Antonio Antúnez Tillería, quien actuó como ujier en el Juzgado de Paz de La Encarnación, bajo la dirección de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro. Según relató, al ingresar al cargo, la magistrada lo citó a una reunión en su despacho para establecer las reglas del juego.
«En esa charla, la jueza me dejó claro que los abogados de las grandes carteras no tratarían conmigo, sino directamente con ella. Además, fijó un porcentaje semanal del 70% para ella y 30% para mí. Me advirtió que controlaba todo el sistema, no solo con cámaras de circuito cerrado, sino también mediante contactos directos con los abogados para los pagos», declaró Antúnez (textual).
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