Un juez falló que las penas deben cumplirse recién cuando estén firmes, lo cual en Brasil supone el fin de todas las apelaciones. El PT pidió la libertad de su fundador y los fiscales se opusieron.
La puerta de la celda en que Lula está recluido desde el pasado abril parecía abrirse este miércoles con una polémica cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 196.300 personas en Brasil.
Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión solo se puede cumplir cuando esté firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como tránsito en juzgado, que supone el fin de todas las apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia.
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados.
Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada, se “consagraría la impunidad”.
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