La Amazonía brasileña está gravemente amenazada. La explotación de sus bosques y la violencia contra sus comunidades indígenas se han intensificado dramáticamente bajo el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Los estudios han demostrado que los territorios gestionados por la población indígena tradicionalmente conservan mejor la biodiversidad y la cubierta forestal. Pero las instituciones encargadas de proteger tanto el medioambiente como los derechos de los pueblos indígenas se han debilitado sistemáticamente en los últimos cuatro años.
Esto ha fomentado la aparición de bandas criminales y sus actividades: la minería ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras se han intensificado. Los karipuna, un pueblo originario cuyo territorio se encuentra en el estado brasileño de Rondonia, está llevando su lucha contra estas amenazas a las más altas autoridades legales del país.
Su territorio abarca 153.000 hectáreas y está reconocido oficialmente por el Gobierno brasileño desde 1998. Sin embargo, el año pasado, la tierra de los karipuna estuvo entre los ocho territorios indígenas más deforestados ilegalmente en Brasil. Ante la inacción de los poderes ejecutivo y legislativo, su único recurso es la Constitución, que consagra la integridad de los pueblos originarios y su derecho a la tierra.
Los karipuna han presentado una demanda contra el Gobierno brasileño, el estado de Rondonia y la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. Exigen una protección permanente contra la invasión de su territorio. El Consejo Indigenista Misionero (CIMI, por sus siglas en portugués) apoya su demanda. Y, en representación de su pueblo, Adriano Karipuna está estudiando la carrera de Derecho para poder defender mejor sus derechos en el futuro.
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