En el informe presentado en noviembre pasado, el interventor y administrador judicial de Autores Paraguayos Asociados (APA), Lic. Librado Sánchez, comunicó al Juzgado del 17° Turno sobre el hallazgo del “Memo y propuesta de trabajo” de los asesores legales contratados por el ex presidente de la entidad, Alcides Roa, ya imputado, que demuestra que su... Leer Más
En el informe presentado en noviembre pasado, el interventor y administrador judicial de Autores Paraguayos Asociados (APA), Lic. Librado Sánchez, comunicó al Juzgado del 17° Turno sobre el hallazgo del “Memo y propuesta de trabajo” de los asesores legales contratados por el ex presidente de la entidad, Alcides Roa, ya imputado, que demuestra que su directorio (cuyos integrantes están hoy suspendidos y querellados) aprobó dilatar el conflicto contra la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), en el 2016, debido a la fiscalización por graves irregularidades administrativas.
El documento, con certificación de escribanía, contiene cinco puntos, en dos páginas, firmados por los abogados Leonardo Garófalo y Rubén Ayala. El primer punto dice: “Hacer funcionar la Comisión Fiscalizadora de APA, de acuerdo a los artículos 49 y 57 de los estatutos, con acciones urgentes a tomar de acuerdo a lo acontecido con AYCA Auditores y Consultores”.
AYCA fue la empresa que en el 2015 ganó la licitación pública de Dinapi para realizar la auditoría a tres entidades de gestión autoral: APA, AIE Paraguay (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes) y SGP (Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay). Solo APA no superó el control.
El inciso A, siguiendo con el plan para la Comisión Fiscalizadora, dice “Autorización del directorio, con fechas de octubre o noviembre del 2015”, y “Nombrar urgente un nuevo director general, con corte administrativo (por su responsabilidad e importancia) 45, 46 y 47 del estatuto”. La nota está fechada el 8 de febrero del 2016. El entonces director general, Óscar Martínez, renunció a fines del 2015 y asumió Antonio Roux Vargas, quien con la intervención renunció a APA, y exige G. 272 millones de indemnización.
Leer la nota completa en Diario La Nación
