Todos los derechos reservados. Reproducido con permiso. Hace siete años, en un concurrido cruce de caminos en Colombo, la mayor ciudad de Sri Lanka, hombres armados en una camioneta blanca, sin matrícula, secuestraron a Stephen Sundararaj. Él regresaba a su casa, sus tres hijos se acurrucaron contra él, después de languidecer durante semanas en una... Leer Más
Hace siete años, en un concurrido cruce de caminos en Colombo, la mayor ciudad de Sri Lanka, hombres armados en una camioneta blanca, sin matrícula, secuestraron a Stephen Sundararaj. Él regresaba a su casa, sus tres hijos se acurrucaron contra él, después de languidecer durante semanas en una celda de una comisaría.
Sundararaj, entonces un jefe de proyectos de 39 años de edad en un grupo local de derechos humanos, había sido detenido en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, una ley draconiana que permitía detenciones sin orden judicial por “actividades ilegales”. Él desafió esa ley en la corte y hubiera seguido con el caso, si no hubiera sido secuestrado apenas horas después de su liberación. Nunca fue acusado de un delito. Nunca fue encontrado.
Tales relatos horripilantes son comunes en Sri Lanka, donde 26 años de conflicto étnico terminaron con la derrota de los Tigres del Tamil en el 2009. En el siglo pasado, el país también vivió dos insurgencias marxistas en el sur y varios linchamientos antitamiles.
En mayo, el canciller Mangala Samaraweera admitió que el país es uno de los que tiene más casos de personas desaparecidas en el mundo. Las fuerzas armadas, los Tigres Tamiles y otros insurgentes son los culpables.
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