Hace unos días, dos empresas de transporte público fueron sancionadas por el Viceministerio de Transporte por no ser inclusivas: no habían alzado a una persona que iba en silla de ruedas. En 2013, la sociedad paraguaya celebró la innovación introducida por las primeras líneas del transporte (líneas 23 y 26) que habilitaron buses con rampas. Un año después de eso, las empresas se comprometieron ante el Gobierno a renovar sus unidades; parte de las negociaciones determinaba que el 15 por ciento de la flota de cada línea de transporte debería incorporar rampas. El cambio, sin embargo, todavía no es visible. Las personas con alguna discapacidad son parte de la sociedad y el reconocimiento de sus derechos no debe considerarse como una simple concesión.
Las primeras empresas en introducir en su flota colectivos con rampa para el acceso de personas con alguna discapacidad fueron TTL SA (líneas 23 y 24) y Lince SRL (líneas 18-1 y 26), en el 2013. Un año después, en agosto del 2014, el Gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios del transporte por el cual se comprometía a entregar USD 30.000 por cada bus.
Con el dinero en mano, los transportistas ya debían renovar el 20% de su parque con unidades climatizadas (con aire). Además, se obligó a las compañías permisionarias a que el 15% de su parque cuente con rampas para acceso a sillas de ruedas. Actualmente, hay aproximadamente 300 ómnibus con rampa circulando por Asunción y el área metropolitana. Sin embargo, la realidad de la calle a veces poco tiene en común con la de los papeles.
Un video, recientemente popularizado en las redes sociales, tuvo gran impacto. En el mismo, la organización ParIgual mostraba los obstáculos que deben vencer las personas con discapacidad para acceder a un ómnibus con rampas. Como consecuencia, las empresas de transporte San Isidro SRL (líneas 8, 48 y 51) y Automotores Guaraní SRL (líneas 15 y 47) fueron sancionadas con una multa de G. 3.858.580 cada una, porque sus unidades habilitadas no alzaron a una persona con discapacidad.
Los directivos del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se vieron obligados a hacer un mea culpa, y nuevamente se comprometieron a capacitar a sus conductores. Pero como dice el conocido refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y con retórica no se logrará hacer efectivas las vigencias de los derechos.
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