Brasil, a diferencia de gran parte del mundo, insiste en mantener la edad de responsabilidad penal en 18 años, aunque permite que los jóvenes de 16 años participen en las elecciones presidenciales. La negativa del Gobierno a abordar el tema —evidenciada por la eliminación de la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal de la Enmienda de Seguridad Pública— revela más que una simple diferencia de opinión. La reducción de la edad de responsabilidad penal debe entenderse dentro de un paquete más amplio y serio para combatir el crimen.
Los datos son claros y elocuentes. Una encuesta del Instituto Paraná Pesquisas revela que el 77,2% de los brasileños apoya la reducción de la edad de responsabilidad penal. No se trata de un capricho punitivo, sino de una reacción legítima de una sociedad agotada por la escalada de violencia y la sensación de impunidad. Brasil, a diferencia de gran parte del mundo, insiste en mantener la edad de responsabilidad penal en 18 años, aunque permite que los jóvenes de 16 años participen en las elecciones presidenciales. La incoherencia es evidente.
La negativa del Gobierno a abordar el tema —evidenciada por la eliminación de la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal de la Enmienda de Seguridad Pública— revela más que una simple diferencia de opinión. Expone una preocupante complacencia con la brutal realidad que impera en las periferias y los grandes centros urbanos. El crimen organizado avanza, recluta adolescentes, estructura redes sofisticadas y actúa como un poder paralelo, mientras el Estado duda, relativiza y posterga las decisiones.
Esta indulgencia tiene un alto costo. Los jóvenes son reclutados por facciones criminales no por una inclinación delictiva, sino por la falta de alternativas concretas. Sin educación de calidad, oportunidades laborales ni perspectivas de futuro, muchos encuentran en el crimen un camino rápido —y trágico—. Ignorar este fenómeno es contribuir, incluso indirectamente, a su perpetuación.
La reducción de la edad de responsabilidad penal debe entenderse dentro de un paquete más amplio y serio para combatir el crimen. No es una solución aislada, sino parte de una estrategia necesaria. Brasil necesita urgentemente reconocer al crimen organizado como una amenaza a la seguridad nacional. Y esto requiere más que discursos: exige una legislación específica, firme, moderna y eficaz, capaz de desmantelar estas estructuras y castigar rigurosamente a sus miembros.
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