Los gobiernos departamentales en el Paraguay fueron implantados con la idea de descentralizar en un buen porcentaje la acción del Estado en el interior del país, y dar protagonismo político a la gente de tierra adentro en el ámbito gubernativo.
De hecho, la concepción fundamental de los constitucionalistas de 1992 fue lograr mediante la “flamante institución” una mejor distribución de la riqueza y un mayor acercamiento de las autoridades y el pueblo, y los beneficios estatales. El gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en su zona.
Lastimosamente, en los 25 años de su vigencia, los gobiernos departamentales, lo que debería ser una instancia de alta importancia en la descentralización, fomento y desarrollo del interior, se fueron convirtiendo en un antro de corrupción para la repartija del dinero público.
Más que acciones a favor del pueblo, se ha venido observando un vil saqueo mediante obras fantasmas, obras de pésima calidad o inconclusas y, sobre todo, una rapacidad descarada en las sobrefacturaciones de multimillonarios contratos, que realizan casi casi sin control alguno.
En el departamento de Canindeyú asumió el cargo el gobernador César Ramírez, “El tigre” de Cerro Porteño, con mínima experiencia como político, y por ende con un gran capital de credibilidad que trae en su alforja de futbolista exitoso, conquistado en tiempos muy difíciles.
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