El Tratado de Yacyretá fue aprobado por las leyes 433/73 y 20646/74 de nuestro país y de la Argentina. Por consi- guiente, según nuestro ordenamiento legal, la “construcción y puesta en servicio” de la “central hidroeléctrica del brazo Aña Cua”, tal como fue –correctamente– denominada por la EBY en 2006, modifica estas leyes, luego, su tratamiento parlamentario es ineludible.
La decisión de llevar adelante el proyecto, cuya tercera licitación acaba de convocar la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se sustenta en una errónea interpretación del tercer párrafo del numeral I- Objeto, del Anexo B del tratado que señala: “Las obras descriptas en el presente Anexo podrían sufrir modificaciones, previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá, cuando exigencias técnicas que se verifiquen durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras o cuando requerimientos del mercado energético así lo aconsejen”.
Una lectura, inclusive veloz, de la lista de obras que describe el Anexo B permitirá confirmar que “la construcción y puesta en servicio” de la “central hidroeléctrica del brazo Aña Cua”, tal como lo denominaba la licitación pública internacional N° 321 de la EBY de 2006 (copia facsimilar), no figura entre “las obras descriptas” en el Anexo B del Tratado y cuya modificación puede o tiene atribuciones para autorizar el Consejo de Administración de la EBY.
Tan categórica es esta conclusión que los actuales responsables de la EBY, en su intento por reflotar el proyecto, abortado por el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en los nuevos llamados a “licitación internacional” optaron por denominarlo de otro modo: “ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá en la margen izquierda del brazo Aña Cua”, hasta ahora en sus tres vertientes: Construcción de la obra civil (N° 670). Equipamiento electromecánico (N° 669). Contratación de servicios de ingeniería y asistencia técnica a la gerencia del proyecto (N° 691).
Un par de hechos que no deben olvidarse: el Comité Ejecutivo de la EBY, margen paraguaya, tuvo como máximo responsable en 2006 al Ing. Angel M. Recalde, actual director del ente.
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