En una audiencia llevada a cabo este viernes, la Justicia de Tucumán decidió escuchar el pedido de los abogados de tres de los cuatro ex jugadores de Vélez, acusados de abuso sexual, y concederles la libertad. José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario en esta provincia, podrán dejar la vivienda en la que estaban alojados en un country en las próximas horas. Sin embargo, la solicitud de Sebastián Sosa para salir del país y retomar su carrera futbolística en Uruguay fue denegada por el juez Sebastián Mardiza.
La jueza Eliana Gómez Moreira había dictado meses atrás un arresto domiciliario de 90 días para los tres futbolistas; precisamente, el 21 de marzo, un plazo que finalizaba el 18 de junio. Tras varios intentos de sus defensas, que habían sido rechazados previamente, finalmente hoy se les concedió la libertad bajo ciertas condiciones. Los acusados deberán fijar un domicilio en Buenos Aires, presentarse mensualmente en los Tribunales de Tucumán y no podrán abandonar el país sin autorización judicial.
El 3 de marzo, una joven denunció haber sido víctima de un ataque sexual en una habitación del hotel Hilton, ubicado en Tucumán. Los acusados fueron Cufré y Florentín, señalados como autores del abuso agravado por la participación de dos o más personas, y Osorio, acusado de abuso con acceso carnal. Sosa, arquero uruguayo, fue imputado como partícipe secundario y se le permitió seguir el proceso en libertad, con la obligación de presentarse cada quince días en Tucumán.
La denuncia, realizada por una joven periodista, llevó a la intervención de la fiscal Eugenia María Posse, quien posteriormente fue reemplazada por su colega Adriana Reinoso Cuello. La gravedad de las acusaciones y la participación de figuras públicas del ámbito deportivo mantuvieron el caso en la mira de la opinión pública.
Los cuatro imputados debieron pagar una caución de 50 millones de pesos cada uno para asegurar su comparecencia y cumplimiento de las medidas cautelares. Cufré, Osorio y Florentín, tras abonar la suma requerida, fueron sometidos a arresto domiciliario en una residencia particular ubicada en un country desde mediados de marzo. Esta medida fue confirmada por la Justicia en varias ocasiones, denegando los pedidos de libertad de los acusados hasta la resolución de hoy.
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