La llamada “ley del embudo”, es decir, lo ancho para los amigos, lo estrecho para los adversarios sigue siendo uno de los principios más…
La llamada “ley del embudo”, es decir, lo ancho para los amigos, lo estrecho para los adversarios sigue siendo uno de los principios más utilizados en la política criolla local. Lo que en un correligionario es presentado como un error administrativo, una equivocación o una cuestión menor, en el enemigo político se transforma inmediatamente en corrupción, deshonestidad y motivo suficiente para exigir su cabeza. Y así, la moral termina teniendo color partidario, mientras el dinero público queda convertido en botín de disputas políticas.
El problema es que el robo de la cosa pública no puede admitir interpretaciones acomodadas al gusto de algunos.
Si alguien utiliza indebidamente recursos que pertenecen a todos, el hecho no se vuelve menos grave porque quien lo hizo no sea colorado o pretenda presentarse como salvador de la ciudadanía.
Los casos conocidos como “Tía Chela” y la inversión cuestionada por presunta sobrefacturación en el denominado Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, constituyen en ejemplos de por qué la justicia debe desprenderse definitivamente de las conveniencias políticas. Cuando existen elementos concretos que comprometen el manejo de dinero público, corresponde investigar, juzgar y, si se demuestra responsabilidad penal, aplicar la sanción prevista por la ley. No hay relato épico que pueda borrar documentos, contratos, números o evidencias.
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