El objetivo de la ley anti ONG promulgada por el Gobierno de Santiago Peña, a instancias del oficialismo en el Congreso, es matar por inanición a las organizaciones de la sociedad civil que controlan la corruptela guberntamental. Es la conclusión del jurista Manuel Riera Domínguez, ex presidente del Colegio de Abogados. En esta entrevista, el experto desgrana en detalle la normativa que curiosamente excluye del control a los partidos y movimientos políticos.
-¿A quiénes alcanza esta ley que ya tiene repercusión internacional?
- A todas las organizaciones privadas que según la normativa tienen por objeto “contribuir, influenciar, incidir o en cualquier forma actuar sobre las políticas, planes, programas públicos o de actividad de los poderes del estado, sus gobiernos, departamentales, municipales”, etcétera, sin importar la forma jurídica que adopten en la medida que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales o privados internacionales y fondos públicos aunque provengan directamente de otros estados. En su artículo 3 se sintetiza casi todo.
-Incluye todo porque al meter fondos privados entran en una esfera privada donde la actividad pública no debería llegar. Cuando los que redactaron la ley hablan de fondos “cualquiera sea su origen” que “contribuyen, influencian, inciden o en cualquier forma afectan…”, entonces es un lenguaje que abarca un universo gigantesco…
-Prácticamente. Para que una persona sepa que no le alcanza la ley, tiene que estar en la lista de los excluidos. Es decir, no están excluidos porque la ley misma establece: organismos internacionales, agencias especializadas, entidades u organizaciones de carácter multilateral, partidos o movimientos políticos, iglesias y confesiones religiosas y todo esto viene de la mano de una lista que hace la propia ley que se puede extender inclusive a fondos públicos para organizaciones de carácter deportivo, no profesional, sindicatos, trabajadores, campesinos, estudiantes, comisiones vecinales,...
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