La economía necesita reglas parejas y transparentes para todos. Cuando las instituciones se extralimitan en sus funciones, no solo se erosiona la confianza de los empresarios, sino que se afecta a toda la cadena de valor: proveedores, trabajadores y comercios. Sin seguridad jurídica ni previsibilidad, la inversión se retrae y el empleo formal pierde terreno frente a la informalidad.
En los últimos días hemos vivido una situación preocupante para el sector empresarial. Las autoridades encargadas de velar por la correcta comercialización de productos de consumo masivo generaron un desequilibrio en la aplicación de las normativas. Esta clase de hechos afecta no solamente a los empresarios directamente involucrados, sino también al clima general de inversión y confianza en nuestro país.
Las normas existen para que todos los actores puedan desenvolverse dentro de parámetros claros y conocidos. Su función principal es brindar previsibilidad y seguridad, garantizando que cada jugador entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. De esta manera, cada empresa, cada proveedor y cada trabajador puede cumplir su rol dentro de un sistema que se sostiene precisamente porque las reglas son iguales para todos.
Cuando una institución o autoridad se extralimita en sus funciones, los efectos se multiplican. El primero es la pérdida de confianza. Los empresarios que invierten en Paraguay necesitan la certeza de que sus negocios estarán regulados de manera equitativa, sin distorsiones ni favoritismos. La ley no puede tener matices ni depender de quiénes sean los involucrados. El mensaje debe ser claro: quien cumple con la normativa no debería enfrentar sanciones arbitrarias ni restricciones desproporcionadas. Si ese principio se quiebra, el capital busca otros destinos donde sí exista previsibilidad y...
El segundo efecto es el impacto directo en el comercio formal. No se trata únicamente de los grandes inversionistas, sino de toda la cadena de valor que los rodea: proveedores, distribuidores, empleados, transportistas, comercios minoristas. Una medida arbitraria que afecte a una empresa formal implica, en cascada, menores ventas para sus proveedores, menos recaudación de impuestos y, lo más grave, una reducción en el empleo formal.
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