La altisonante frase “responsabilidad social y ambiental” es la pretendida cobertura legal con la que directores y consejeros de Itaipú intentan disimular el derroche del dinero público, insiste el Ing. Germán Escauriza en el marco de un debate que prosigue. “Violan el Tratado y la Constitución Nacional porque el “plan estratégico” no integra el derecho positivo paraguayo” enfatiza.
Escauriza, exintegrante del equipo negociador paraguayo en las tratativas de 2008/2009 sobre Itaipú e integrante de la ex Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), asesora de la Cancillería, valora que se reinstalara el debate sobre la legalidad de la Nota Reversal Nº 1 de 2005 luego de la reunión entre los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Eladio Loizaga, el director general paraguayo de Itaipú, James Spalding, y sus respectivos equipos de técnicos.
Preguntado acerca de la legalidad de esas “obras sociales y ambientales”, replicó sin titubeos que están fuera del marco jurídico que establece la Constitución y del Tratado de Itaipú. “Bajo el manto de una causa con palabras nobles, ‘responsabilidad social y ambiental’, sin ningún control de las instituciones del Estado y cuya ejecución, desde sus inicios estuvo inmersa en el fango de la corrupción”, señaló.
Reflotó el examen especial de la Contraloría General de la República (CGR) a los fondos sociales de Itaipú, ejercicio fiscal 2007 y de enero a agosto de 2008 (Res. CGR Nº 1393/08 (página web de la CGR).
Sostiene que el debate sobre estos “gastos” debe realizarse en el contexto del derecho positivo nacional y del marco jurídico que delimita las funciones de consejeros y directores de Itaipú, “...quienes fueron nombrados para cumplir y hacer cumplir el tratado... ”.
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