Después de varios años en que el Grupo de Lima, formado por las principales democracias latinoamericanas, había hecho grandes avances en exigir conjuntamente una restauración de la democracia en Venezuela, la mayoría de sus integrantes acaban de firmar una desafortunada declaración que le da nuevo oxígeno a la dictadura venezolana.
La declaración emitida el 16 de septiembre por 11 países del Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en Venezuela, lo que es diplomática y legalmente correcto, y no debería sorprender a nadie. Pero no propuso ninguna acción diplomática para presionar al dictador venezolano Nicolás Maduro para que permita la restauración de la democracia, en flagrante contradicción con los compromisos anteriores del grupo.
La declaración fue firmada, entre otros, por México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, y expresa que la solución a la crisis venezolana debería ser “a través de una salida pacífica y negociada”. Agrega que los países firmantes “expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar” en Venezuela.
La declaración se produjo horas después de que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijera que no debería descartarse ninguna opción en Venezuela. Más tarde, Almagro aclaró que estaba pidiendo una “intervención diplomática”.
Dos países clave del Grupo de Lima, Colombia y Canadá, no firmaron la declaración del 16 de septiembre.
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