Por Julio Ibarrola Ex diputado Un conflicto que se ha desatado en una colonia oficial del Indert, denominada Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento del Alto Paraná, ha sido objeto de comentarios o críticas de varios sectores que merecen un análisis desde el punto de vista social y jurídico que podrían dar una... Leer Más
Un conflicto que se ha desatado en una colonia oficial del Indert, denominada Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento del Alto Paraná, ha sido objeto de comentarios o críticas de varios sectores que merecen un análisis desde el punto de vista social y jurídico que podrían dar una explicación más ecuánime para la sociedad, tomando una postura neutral en el conflicto, que tiene como protagonista a campesinos paraguayos, agricultores paraguayos de orígenes extranjeros, extranjeros que fueron beneficiarios de tierras del Estado, políticos, congresistas y hasta autoridades de...
Guahory es una colonia oficial creada por Resolución de la Presidencia Nº 817/86 del ex Instituto de Bienestar Rural, adquirida de Dionisio Nicolás Frutos, identificada como Finca N° 4.115 fue ampliada por la adquisición de una parcela de 314 Há, siendo habilitada por R.P. N° 1.325/97, siempre del ex IBR, adquirida de Apolinario Insfrán y otros, identificada como Finca N° 1.709, del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú.
En las dos fechas de adquisiciones, tanto del año 1986 y 1997, regía el antiguo Estatuto Agrario del año 1963 que lleva el N° 854, en la cual se establecía como beneficiarios de la reforma agraria a los ciudadanos paraguayos y extranjeros; recordando que la restricción para ciudadanos extranjeros de tierras del Estado destinado a la política de la reforma agraria se estableció recién por la Ley N°2531/04 que lleva como fecha de promulgación el 29 de diciembre del 2004, entrando en vigencia recién a partir del 1° de enero del 2005 y que modifica algunos artículos de la Ley Nº 1.863/02 del...
En ese menester la ley no tiene carácter de aplicación retroactivo, conforme al art. 14 de la Constitución Nacional, lo que significa que las tierras solicitadas, adjudicadas, pagadas antes de la vigencia de la Ley 2.531/04 que excluye al extranjero como sujeto de la reforma agraria, tienen que ser respetado tanto por las autoridades administrativas, en especial el Indert, autoridades judiciales y parlamentarias, y más aún el ciudadano común. Esto conlleva el respeto de la propiedad privada, respeto a los trámites sea del ámbito que fuere tramitado y con la ley que estaba vigente en ese...
Leer la nota completa en Diario La Nación