Procedimientos violentos, allanamientos en busca de terroristas, maltratos durante los arrestos. ¿Qué tienen en común? Las investigaciones sobre estos casos no prosperan y los afectados se convierten en víctimas por partida doble: tortura e injusticia.
En la noche del 6 de setiembre del 2013 Ramón Denis Cardozo, docente, descansaba en su vivienda con su familia. La jornada terminaba normalmente, como todos los días. Pero de pronto hombres fuertemente armados y con uniforme militar irrumpieron en la casa, lo sacaron de la cama, le apuntaron al rostro y lo golpearon.
Una y otra vez lo acusaban de ser otra persona: Elvio Ramón Cardozo, supuesto integrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Durante casi una hora revolvieron todo, desordenaron y rompieron todo a su paso en busca de evidencias. Mientras, el maestro, su esposa y sus cuatro hijos estaban en el suelo, boca abajo. Todavía no entendían lo que pasaba. “¡Vos cambiaste tu nombre, bandido!”, le gritó un uniformado cuando el sospechoso le mostró su cédula de identidad.
‘Rojavy arma’, fue lo último que escucharon de estos hombres antes de retirarse. Esto se repitió en otra vivienda cercana esa misma noche. Se repitió la tortura, el terror y el error, porque tampoco encontraron al que buscaban.
La primera diligencia de la Fiscalía no fue tomarle declaración al docente, su relato de los 45 minutos de miedo no era importante. Al contrario, pidieron certificado de antecedentes penales y policiales para ver ante quién estaban.
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