María Gloria Báez Las democracias occidentales han atravesado crisis estructurales, colapsos financieros, ampliación de brechas sociales y desafíos diversos que han ido minando la legitimidad de sus estructuras políticas tradicionales. Estas fracturas políticas han acelerado la emergencia de movimientos que cuestionan los principios de la sociedad abierta –ese ideal de libertad, pluralismo y crítica razonada acuñado por Karl Popper–, sin otorgarle validez absoluta. viajar, invertir en mercados internacionales, depositar activos en bancos extranjeros, sin extenderles, sin embargo, derechos políticos plenos. En segundo lugar, ciertas democracias con estructuras formales vigentes, han experimentado un deterioro paulatino de sus instituciones fundamentales –medios independientes, justicia autónoma, garantías para las minorías–, sin abandonar del todo los mecanismos electorales. Finalmente, los movimientos populistas emergen como reacción al desgaste de las estructuras políticas tradicionales, en medio de crisis económicas, transformaciones sociales aceleradas y tensiones identitarias. La participación de estas estructuras en redes ilegales -contrabando, lavado, conspiraciones privadas con corporaciones transnacionales- requiere herramientas analíticas renovadas para comprender regímenes que usan la apertura económica como herramienta de control y excluyen la emancipación política. La sociedad abierta ha sido acusada de promover un neoliberalismo desregulador que socava la soberanía nacional y favorece mercados globales. élites políticas que negocian con corporaciones transnacionales, redes criminales que traficaron con influencias y recursos públicos, o festines de sobornos que capturan las instituciones heredadas de la democracia liberal. En contextos donde las instituciones están bajo presión, reforzar la sociedad civil y promover mecanismos de rendición de cuentas resulta esencial para preservar la libertad. Para responder a los discursos ultraderechistas que utilizan inseguridad cultural y económica para legitimar la exclusión, es necesario forjar una narrativa que recupere pertenencia colectiva sin renunciar al pluralismo. Ello implica denunciar tanto el crimen organizado que captura lo público como las redes de corrupción que socavan la democracia. Implica también construir instituciones públicas transparentes, fiscalías independientes, medios libres y sociedades civiles capaces de cuestionar al poder sin cooptación. Reconciliar libertad individual con propósito colectivo, mediante instituciones inclusivas y participativas, permite abrazar la diversidad sin perder pertenencia. Solo así la libertad podrá sostener una vida autónoma, y el diálogo, afirmarse como ejercicio ético fundado en la duda, la apertura y la complejidad.
Las democracias occidentales han atravesado crisis estructurales, colapsos financieros, ampliación de brechas sociales y desafíos diversos que han ido minando la legitimidad de sus estructuras políticas tradicionales.
Estas fracturas políticas han acelerado la emergencia de movimientos que cuestionan los principios de la sociedad abierta –ese ideal de libertad, pluralismo y crítica razonada acuñado por Karl Popper–, sin otorgarle validez absoluta.
En el núcleo de esta reflexión emerge un nuevo desafío, la corrupción y el crimen organizado que han permeado igualmente gobiernos que aún operan bajo la etiqueta democrática. Se trata de redes de corrupción sistémica, tráfico de influencias, lavado de dinero y vínculos entre élites políticas y mafias transnacionales, que socavan la gobernanza y erosionan la confianza ciudadana. Resulta imprescindible analizar, cómo estas prácticas criminales se entrelazan con los tres tipos de adversarios de los valores popperianos.
En primer término, cabe examinar las autocracias de partido único –como la China contemporánea– que han consolidado un modelo de “libertad divisible”. Permiten a ciertos sectores de la población participar en circuitos globales; viajar, invertir en mercados internacionales, depositar activos en bancos extranjeros, sin extenderles, sin embargo, derechos políticos plenos.
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