Para muchos países latinoamericanos, lidiar con un sofisticado grupo narcotraficante de alcance internacional y con conexiones en altos niveles del gobierno no es nada especial. Pero para Uruguay es una situación nueva.
El 26 de agosto, Brasil aprobó la extradición a Uruguay de Rodrigo Fontana Ferreira, narcotraficante argentino sospechoso de formar parte del Primer Cartel Uruguayo (PCU). Fontana Ferreira es requerido en Uruguay por cargos de tráfico de drogas, armas y explosivos entre Uruguay, Brasil y Paraguay, así como por amenazas y ataques contra instituciones judiciales uruguayas, según informes de prensa sobre su caso.
Su extradición se produce luego de la revelación de nuevos datos sobre el PCU, especialmente el hecho de que funcionarios del gobierno quizá le ayudaron al líder del grupo, Sebastián Marset, a salir tras ser detenido en Dubái.
En octubre de 2021, Marset fue arrestado en Dubái por viajar con un pasaporte paraguayo falso, tras lo cual solicitó un nuevo pasaporte uruguayo para poder salir del país legalmente. Aunque el embajador de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos supuestamente instó a la cautela en el caso, rápidamente se le otorgó un nuevo pasaporte y se le permitió salir del país. Marset ha permanecido prófugo desde entonces.
Uruguay investiga si varios funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, así como un asistente del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, ayudaron a Marset a salir de Dubái.
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