Prácticamente nadie lo duda: Dilma Rousseff será destituida como presidenta de Brasil. Entre el 25 y el 29 de agosto se cumplirá la instancia final del impeachment. La voluntad política parece irreversible y los números dan: se necesitan 54 votos (2/3 de los integrantes del Senado), y fueron 59 senadores los que aprobaron ya el informe favorable a la destitución.
A la presidenta se le imputan crímenes fiscales, por maniobras en ese campo, y presupuestarios, que le aseguraron la reelección y la victoria, a ella y a su partido –el Partido de los Trabajadores (PT)–, en las últimas elecciones generales.
Dilma será la víctima, pero no es la única ni la principal responsable, ni es el objetivo mayor y definitivo de quienes la condenan. La sanción apunta a Luiz Inácio Lula Da Silva y al PT. A Dilma le ha tocado cargar con la cruz.
Será sustituida por su vicepresidente Michel Temer, quien ya ejerce interinamente la primera magistratura, hasta el final del mandato, en enero del 2019.
El proceso lleva casi diez meses de duración, y se inició cuando a fines del año pasado la denuncia fue aceptada e ingresó a la Cámara de Diputados la que en mayo del 2016 votó por amplia mayoría la destitución y el pase al Senado. También los senadores han cumplido las instancias correspondientes y los próximos días, bajo la conducción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, tomarán la decisión final. Todo ajustado a la Constitución, las normas y a derecho y con todas las garantías.
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