Cuando entrevisté al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, a principios de esta semana, en medio de las masivas protestas contra el Gobierno que han dejado por lo menos 26 muertos, una de mis primeras preguntas fue si la oposición será capaz de mantener sus multitudinarias protestas en las calles. Algunos dicen que no.
Un artículo del 23 de abril en el diario Financial Times argumentaba que las protestas de la oposición pronto podrían reducirse, como lo hicieron en 2013, 2014 y 2016.
“En un país donde la búsqueda de alimentos y medicinas se ha convertido en un trabajo de tiempo completo para muchos, los costos personales de sostener las protestas son simplemente demasiado altos”, decía el artículo de Daniel Lansberg-Rodríguez, profesor de la Escuela de Administración de Kellogg. “Cuando el mundo deje de prestar atención y la presión internacional comience a menguar, también lo harán las multitudes”.
El artículo dice que “el tiempo, por lo tanto, está del lado de [el gobernante Nicolás] Maduro, aunque el 80 por ciento de los venezolanos no lo estén”. A diferencia de lo que sucedió en Brasil cuando la expresidenta Dilma Rousseff fue expulsada del poder en medio de protestas nacionales, Venezuela no tiene un poder judicial independiente, ni un Congreso que pueda ejercer sus poderes. “El sistema está demasiado roto como para restablecerse por sí mismo”, señala el artículo.
Después de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015 por una mayoría abrumadora, Maduro abolió casi todos los poderes del Congreso en un golpe de Estado en cámara lenta. Luego suspendió indefinidamente elecciones regionales, e inhabilitó a los principales líderes opositores para ser candidatos por hasta 15 años.
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