El caso de Chaqueñito fue un error político que terminó corregido: no hubo casa regalada ni apropiación consumada, sino una adjudicación financiada del MUVH que fue revertida. Muy distinto es el caso de Yolanda Paredes, quien admitió haber vendido derechos sobre una vivienda de ITAIPU y no haber declarado ese ingreso. La desproporción en el […]
El caso de Chaqueñito fue un error político que terminó corregido: no hubo casa regalada ni apropiación consumada, sino una adjudicación financiada del MUVH que fue revertida. Muy distinto es el caso de Yolanda Paredes, quien admitió haber vendido derechos sobre una vivienda de ITAIPU y no haber declarado ese ingreso. La desproporción en el juicio público vuelve a exhibir una selectividad moral inocultable.
La opinión pública paraguaya vuelve a mostrar una grave deformación cuando no mide los hechos con una sola vara, sino según quién los protagoniza. En el caso de Javier “Chaqueñito” Vera, hubo un cuestionamiento fuerte y entendible, pero conviene decir las cosas como son. No se trató de una casa regalada ni de una apropiación consumada, sino de una adjudicación dentro del programa de Viviendas Económicas del MUVH, bajo un esquema de compraventa financiada, que finalmente fue dejada sin efecto. Es decir, hubo un episodio políticamente inconveniente, pero también hubo rectificación.
Eso también permite poner en perspectiva el papel del ministro Juan Carlos Baruja. Se puede discutir el criterio aplicado y el costo político del caso, pero lo cierto es que el Gobierno no se atrincheró hasta el final en un hecho consumado, sino que la operación se revirtió y el departamento quedó nuevamente disponible. En una democracia seria, corregir un error también cuenta.
Muy distinto es lo ocurrido con Yolanda Paredes. Allí no estamos ante un trámite frustrado, sino ante una operación que la propia senadora reconoció: admitió haber vivido durante años en una vivienda de ITAIPU, haber vendido los derechos sobre esa casa y no haber incorporado ese ingreso a sus declaraciones juradas. Sin adelantar una calificación penal que corresponde a la Justicia, políticamente el caso es más grave. Y, sin embargo, no generó ni de lejos el mismo nivel de condena moral.
Leer la nota completa en El Trueno
