La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley presentado por seis diputados opositores, que elimina una ilegítima y absurda facultad otorgada a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial: cobrar por la tramitación de registros de conducir, pese a tratarse de una organización no gubernamental (ONG) –a la que ni siquiera están asociadas todas las municipalidades, sino solo 215 de las 263 existentes–, que se rige por el Derecho Privado, según sus propios estatutos. Desde la década de 1960 y sin rendir las debidas cuentas, cobra diez mil guaraníes por cada tramitación, expedición y renovación anual de esos permisos: entre 2021 y 2025 recaudó solo en este concepto –ya que recauda también por otros trámites– 138.385 millones de guaraníes, de los cuales se quedó con el 70%, luego de destinar porcentajes a otros objetivos. La Opaci no rinde cuentas a la ciudadanía acerca del destino íntegro de los fondos ingresados. Es de desear que el Congreso ponga fin a esta ignominia.
La Opaci no debe seguir lucrando con el dinero de los contribuyentes
La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley presentado por seis diputados opositores, que elimina una ilegítima y absurda facultad otorgada a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial: cobrar por la tramitación de registros de conducir, pese a tratarse de una organización no gubernamental (ONG) –a la que ni siquiera están asociadas todas las municipalidades, sino solo 215 de las 263 existentes–, que se rige por el Derecho Privado, según sus propios estatutos.
Desde la década de 1960 y sin rendir las debidas cuentas, cobra diez mil guaraníes por cada tramitación, expedición y renovación anual de esos permisos: entre 2021 y 2025 recaudó solo en este concepto –ya que ingresa también por otros trámites– 138.385 millones de guaraníes, de los cuales se quedó con el 70%, pues el 20% de los cuales fue transferido a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y el 10% a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La Opaci no rinde cuentas a la ciudadanía acerca del destino íntegro de los fondos ingresados.
De hecho, opera como si fuera una entidad pública, pero se amparó en su carácter de ONG para negarse a responder a un pedido de informes de la Cámara Baja con relación a los salarios y las gratificaciones de sus autoridades, invocando las normas constitucionales sobre el “derecho a la intimidad” (!) y el “derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”. La Opaci opera con fondos que los conductores están obligados a aportar, pero se niega a obrar con transparencia por ser una entidad privada: la anomalía es notoria. En 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y...
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