La Nación / Fútbol, política y tensiones. Argentina, valle de pasiones

¿Por qué no?Sin embargo, más allá de la alegría colectiva que transita esta sociedad abrumada por la inflación, la inseguridad, el trabajo informal que encubre el desempleo, la precarización laboral, el ajuste sistemático de los haberes jubilatorios, la corrupción estructural e institucional, el precio del dólar que supera los 300 pesos argentinos por unidad, la degradación educativa, la pobre valoración social que tienen el Parlamento, la Justicia, las organizaciones obreras, los partidos políticos, las iglesias, los medios y hasta el propio gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, al igual que otras tantas carencias irresueltas desde décadas que bajan la calidad institucional y de la mismísima democracia, la irresponsabilidad dirigencial no decrece y, para muchos y muchas, sorprende.Mañana martes, el tribunal oral federal (TOF) 2 que integran los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso –magistrados de larga experiencia en causas complicadas que años atrás condenaron al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) por hechos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones– hará pública la sentencia (absolutoria o no) que recaerá sobre la vicepresidenta Cristina F y una docena de personas más –entre las que se encuentran el ex ministro de Obras, Julio de Vido, el ex secretario de Estado, José López (que de madrugada tiempo atrás revoleó bolsones que contenían US$ 9 millones en un convento) y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti– acusadas de beneficiarse con la adjudicación de 51 obras públicas a una empresa constructora propiedad del señor Lázaro Báez, en la que popularmente se conoce como la “Causa Vialidad”.Ante ello, y con la extendida presunción de que la viuda del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) será condenada, algunas organizaciones de trabajadores y sociales que adhieren al peronismo kirchnerista adelantaron que movilizarán hacia los tribunales y/o hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, para oponerse a que los jueces cumplan con sus funciones que, en este caso, es la de evaluar si la y los acusados constituyen una “asociación ilícita” –tipo delictiva con el que técnicamente se categoriza a lo que popularmente se conoce como una banda– y, desde sus cargos políticos, podrían haber incurrido, entre otras figuras, en “administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, lavado de activos”, por solo mencionar algunas de las acusaciones que se investigan desde largo tiempo; ...[Leer más]