Se pretendía que el Estado abone indebidamente la cantidad de aproximadamente G. 23.335.620.251 más intereses.
La intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en un caso que involucró al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) evitó un millonario perjuicio patrimonial al Estado. Se trata del caso caratulado “Procuraduría General de la República c/ Aníbal Gavilán y otros s/ acción autónoma de nulidad”. De acuerdo a un reporte de la PGR, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, quinta sala dictó el acuerdo y sentencia N° 122 por el cual revocó la sentencia definitiva N° 660 del 31 de octubre de 2019 e hizo lugar a la acción autónoma de nulidad...
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