En un contexto de indignación y búsqueda de justicia, docentes jubilados se manifestaron en Paraguay para denunciar lo que han denominado la «mafia de los pagarés». Este problema, que afecta a numerosos exeducadores, implica descuentos compulsivos y embargos desproporcionados derivados de deudas supuestamente adquiridas años atrás, muchos de los cuales carecen de notificación legal o […]
En un contexto de indignación y búsqueda de justicia, docentes jubilados se manifestaron en Paraguay para denunciar lo que han denominado la «mafia de los pagarés». Este problema, que afecta a numerosos exeducadores, implica descuentos compulsivos y embargos desproporcionados derivados de deudas supuestamente adquiridas años atrás, muchos de los cuales carecen de notificación legal o están basados en documentos cuestionables.
Según los testimonios, los docentes, durante su vida laboral, enfrentaron la necesidad de adquirir materiales educativos y herramientas de trabajo, ya que el Estado no siempre proveía los recursos necesarios. En este contexto, muchos recurrieron a créditos o compras a plazos, firmando pagarés para cubrir estas necesidades. Sin embargo, lo que parecía una solución inmediata se convirtió en una pesadilla tras su jubilación.
Por ejemplo, una docente jubilada relató cómo, tras años de descuentos en su salario, descubrió que enfrentaba cuatro embargos por parte de empresas como RTS y RTA, sin haber recibido notificación previa. Otro caso destacó cómo un pagaré de 1 millón de guaraníes derivó en una deuda que superó los 10 millones, un incremento desproporcionado que los afectados califican de usura.
Los manifestantes señalan que detrás de estos embargos hay prácticas abusivas que podrían constituir delitos penales, como estafa, tentativa de estafa, uso de documentos falsos y usura. Según un abogado penalista consultado, la usura se configura cuando los acreedores se aprovechan de la necesidad de las personas, cobrando intereses exorbitantes que triplican o incluso decuplican el valor original de la deuda. En muchos casos, los bienes adquiridos eran de primera necesidad, como materiales escolares, lo que agrava la explotación.
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