La punta del ovillo fue inicialmente la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, una ley específica observada por la oposición parlamentaria por otorgar poderes extraordinarios a varias instancias estatales casi a la par de la justicia. Sin embargo, el Ejecutivo ya promulgó la “ley madre”, más genérica, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo que da las bases para que entidades estatales, la Unidad de Investigaciones Financieras, o la Aduana soliciten información o apliquen multas.
Las protestas en Bolivia, que llevan ya 5 días, se articulan alrededor de demandas de anulación de una “ley madre” y un grupo de “leyes malditas”, denominaciones que manejan los sectores movilizados al considerarlas contrarias a las libertades ciudadanas.
El canal de manifestación es el de un paro indefinido que comenzó el lunes y que aglutinó a comerciantes, transportistas, mineros, cívicos y opositores a través de estrategias como marchas, bloqueos y cabildos que pese a ser parciales fueron constantes. El foco de la protesta es Santa Cruz, la mayor región opositora del país y motor económico de Bolivia, junto a ciudades como Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro y La Paz en las que también ha actuado la Policía y las organizaciones sociales afines al Gobierno bajo la consigna de defensa de la circulación y de la economía. “LEY HIJA” Y...
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