Un criminólogo advierte que el 70% de la ciudadanía no denuncia hechos ilícitos por desconfianza en las autoridades y temor a ser víctimas de represalias por parte de los delincuentes.
El amordazamiento extorsivo a la ciudadanía por parte del crimen organizado es cada vez mayor y si antes era la propia estructura terrorista del Estado la que silenciaba a la población y a periodistas en particular que eran críticos hacia ella, ahora, aquel poder de silenciar se ha trasladado casi de manera exclusiva a las estructuras criminales de las bandas dominantes en la frontera.
“En Pedro Juan, hace días corrió un aviso que dice: ‘No den cámara de circuito cerrado a la policía’”, menciona Juan Martens, lo que considera que es una censura previa muy grande.
En la fronteriza capital del Amambay ha reinado desde siempre la ley del silencio. Es bien conocido que aquel que no se metía con el crimen organizado podía llevar una vida relativamente tranquila en la ciudad. Esta realidad quedó patente el 26 de abril de 1991, con el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, quien pagó con su vida el hecho de “abrir la boca” y “meterse en los asuntos” de los grandes traficantes de la época.
“En la medida en que también los periodistas cada vez tengan más miedo, se autocensuren por temor a represalias, así la gente menos va a colaborar y menos va a denunciar”, advierte el criminólogo.
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