La legítima defensa de los intereses difusos (Parte IV) - Edicion Impresa - ABC Color

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El Acuerdo Regional Sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos fue suscrito en Panamá el 11 de diciembre 1992, consta de 6 Artículos y 6 Anexos. Básicamente el Acuerdo contempla las obligaciones generales siguientes: “Prohibición de importar desechos peligrosos, los países centroamericanos tomarán todas las medidas legales, administrativas u otras que fueren apropiadas dentro de las áreas bajo su -jurisdicción, para prohibir la importación y tránsito de desechos considerados peligrosos, hacia Centroamérica desde países que no sean parte de este acuerdo; prohibición de vertidos de desechos peligrosos en el mar y en aguas interiores, en el ejercicio de su jurisdicción dentro de sus aguas interiores, vías marinas, mares territoriales, zonas ecológicas, exclusivas y plataforma continental, adoptarán las medias legales, administrativas y de otro tipo que fueren apropiadas para controlar a todos los transportistas que provengan de estados no partes del acuerdo y prohibirán el vertimiento en el mar y su eliminación sobre y bajo el lecho marino, adopción de medidas preventivas, esfuerzos para adoptar y aplicar el enfoque preventivo y precautorio a los problemas de contaminación”. Como puede apreciarse, el Convenio establece una serie de obligaciones a los estados partes, a fin de poder dar protección al medio ambiente, ya que pretenden que los desechos peligrosos no sean expuestos a los seres humanos a fin de evitar que los derechos humanos se vean afectados.

Artículos Nº 7 y 8: Art. 7: Del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental.

El artículo trascripto forma parte de una de las innovaciones de nuestra Constitución: La protección a los intereses difusos. Según Augusto Morello, el interés difuso es aquel que pertenece indistintamente a una pluralidad de sujetos relacionados por la pretensión de goce de bienes indivisibles que por ello no son susceptibles de apropiación”; en otras palabras, son los bienes que benefician a todos por igual pero no pertenecen a nadie en particular, sino a toda la colectividad, está integrado por el medio ambiente y los recursos naturales en general. La protección jurídica de los intereses...

Artículo 38 - Del derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Artículo 40 - Del derecho a peticionar a las autoridades. Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo.

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