Deisy Diana Brítez Espínola (30), una ciudadana del barrio San José de Salto del Guairá, madre de un niño de seis años de edad, iba a su trabajo como lo hace de lunes a lunes. En Salto del Guairá por la exigencia del comercio fronterizo no hay descanso de fin semana.
Trabaja en el patio de comidas de un conocido shopping desde hace siete años. Le salieron al paso unos policías y le ordenaron que les acompañara a la Jefatura Policial. Allí le comunican que está procesada por narcotráfico y que quedaba detenida.
Creyó que era un chiste de mal gusto porque de químicos solo conoce el aroma de los productos para limpiar piso y jabones de lavar platos.
Su detención fue ordenada por el fiscal antidrogas Vicente Rodríguez y quince días después el juez penal de garantías, Juan Andrés Acosta, la manda a la cárcel. Su prisión está relacionada a un hecho registrado en el año 2017 cuando la Senad allanó una vivienda alquilada y encontró utensilios de elaboración de cocaína en su interior. Hace 8 meses fue detenido su exconcubino Víctor Chaparro y ahora ella va a prisión porque apareció un contrato de alquiler de la casa allanada, a su nombre.
La propia Senad, en su momento, identificó al dueño del “laboratorio de cocaína” que funcionaba en la citada casa, perola justicia nunca se interesó en encontrarlo y, para lavarse las manos, mete preso a la pareja que alquiló la vivienda, que habían adquirido gracias a una herencia familiar.
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