La Gobernación de Guairá tiene dos o hasta tres gobernadores. Estamos exagerando, pero es que son tres personas las que se adjudican tener el control de la administración de la institución. El interventor Pablo Vera es, para los bancos, el ordenador de gastos; tiene la lapicera, aunque las chequeras están en el despacho que actualmente está ocupado por el gobernador colorado cartista Juan Carlos Vera Báez, cesado en sus funciones mientras dure la intervención (culminó el 24 de setiembre).
Mientras que, por su parte, el presidente de la Junta, el liberal Juan Rojas, se autoproclamó encargado de despacho y estos últimos dos plantearon un amparo para que la Justicia Electoral les otorgue el control de la Gobernación, pulseada que en primera instancia ganó Vera Báez, gracias a la jueza Electoral de Villarrica, Adriana Narváez, esposa del cuestionado gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón, también denunciado por hechos de corrupción, ambos del mismo movimiento político, Honor Colorado.
El caso nos remonta a la crisis política en Guairá del año 2018, cuando se presentó una renuncia firmada supuestamente por el entonces gobernador y hoy senador Rodolfo Friedmann; carta de renuncia que tenía vicios de voluntad, pues Friedmann aclaró que no tenía ánimos de dimitir. Amparos, juicios, ingresar a la gobernación por la fuerza y muchos actores que se jactaban de ser el gobernador verdadero. Ambos escenarios son similares.
Pero en medio de la lucha de poder, los guaireños somos los más afectados. Si Diputados no destituye a Vera, continuará al frente alguien salpicado por malversación de más de G. 18.000 millones, de acuerdo a la conclusión de la intervención. Si lo sacan del cargo, todo apunta a que la Gobernación seguiría siendo usada como botín político porque el que tiene los votos para asumir es el concejal colorado oficialista Jorge Vázquez, un guiñol del diputado Éver Noguera, precandidato a la Gobernación de Guairá y el que manejó de facto la intervención.
El interventor fue el primer títere de Noguera; repartió cargos a los operadores del diputado y direccionó licitaciones a favor del entorno del legislador. Lo mismo nos esperaría con Vázquez.
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