Los países latinoamericanos merecen crédito por sus recientes denuncias de lo que muchos ya llaman la dictadura venezolana, pero me cuesta entender por qué no hacen lo mismo con la dictadura cubana. Cuando se trata de Cuba, todos miran para otro lado.
Estaba pensando en eso cuando leí acerca de las elecciones cubanas del 22 de octubre para los miembros de las asambleas municipales. Será la primera de varias elecciones estrictamente controladas que terminarán con la elección de la Asamblea Nacional que decidirá quién sucederá al presidente Raúl Castro, de 86 años, que ha prometido dejar su cargo en febrero de 2018.
Pero, obviamente, la Asamblea Nacional de Cuba será solo un sello de goma para ratificar a quien elija Castro. Cuba es una dictadura hereditaria desde 1959, y Castro quiere que lo siga siendo.
Se cree que Castro le dejará la presidencia —aunque no la jefatura del partido comunista— ya sea a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, o al actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. De cualquier manera, será una elección a dedo de Castro.
Solo los partidarios del gobierno pueden participar en las elecciones cubanas. A diferencia de Venezuela, que teóricamente aún tolera a los partidos opositores aunque frecuentemente encarcela a sus líderes, Cuba es una dictadura de partido único. Sólo el Partido Comunista es legal.
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