Desde el 28 de agosto pasado, el presidente Horacio Cartes dispone de la terna de candidatos para fiscal general del Estado, sin que se pronunciara hasta hoy. La conformación de la terna se realizó siguiendo una supuesta selección de aspirantes con base en los méritos y aptitudes. Como se recordará, al final de ese proceso, el Consejo incluyó un “test de personalidad, integridad y capacidad”, que, al parecer, fue el “instrumento” que determinó la suerte de las candidaturas de forma definitiva e irreversible, confirmando la impresión de que todos los trámites anteriores fueron pura y vana formalidad, hojarasca para cubrir la decisión establecida de antemano por el “gran elector”, o sea, el Presidente de la República, sórdida finalidad a la que sirvió el imprevisto test. El pueblo tiene derecho a conocer los méritos y las aptitudes de quienes aspiran a representarlo ante los órganos jurisdiccionales. Las organizaciones de abogados deben convertirse en sus férreos mandatarios de hecho, exigiendo que el Consejo de la Magistratura revele lo que se empeña en esconder. Se impone, pues, que perseveren para que no se salgan con la suya quienes se burlan miserablemente de la ciudadanía en general y de los profesionales del Derecho en particular.
Desde el 28 de agosto pasado, el presidente Horacio Cartes dispone de la terna de candidatos para fiscal general del Estado conformada en el Consejo de la Magistratura, situación que le fue notificada formalmente en esa fecha, sin que se pronunciara hasta hoy.
La conformación de la terna se realizó siguiendo una supuesta selección de aspirantes con base en los méritos y aptitudes, que, en este caso, fue con la mayor lista de inscriptos para concursar (93) que tuvo el país hasta ahora. Como se recordará, al final de ese proceso, el Consejo incluyó un “test de personalidad, integridad y capacidad” que, al parecer, fue el “instrumento” que determinó la suerte de las candidaturas de forma definitiva e irreversible, confirmando la impresión de que todos los trámites anteriores fueron pura y vana formalidad, hojarasca para cubrir la decisión...
La terna resultante de ese proceso quedó integrada por Javier Díaz Verón –actual titular del Ministerio Público y preferido de Horacio Cartes, según aseguran sus allegados y las apariencias indican–, Victoria Acuña y Sandra Quiñónez, que ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de preferencias.
Como el hedor a trampa se escapaba por todas las rendijas de la cocina del Consejo de la Magistratura, algunas personas que se consideraron víctimas de una sucia maniobra, así como el Colegio de Abogados y la Coordinadora de Abogados, recurrieron a la justicia para que, con una orden judicial, se dieran a la luz pública el contenido y el régimen de evaluación empleado en el famoso test, a fin de averiguar cuáles fueron realmente los elementos de juicio empleados para escoger a los ternados, si es que hubo algún otro que no fuese la lista que Cartes les remitió.
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