El juramento de Alba Cantero ante el Senado, tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández, abre una etapa crítica para el Ministerio Público. La transición plantea una duda constitucional: cómo se cubrirá definitivamente la vacancia. El artículo 269 prevé que el Consejo de la Magistratura proponga una terna y que el Poder Ejecutivo nombre al titular con acuerdo del Senado.
El artículo 51 de la Ley 1562/00 regula los reemplazos por ausencia temporal, inhabilidad o muerte. Su aplicación a una renuncia y la forma en que se ponderó la antigüedad de los fiscales adjuntos son puntos que merecen aclararse.
También cabe aclarar si el Ministerio Público informó oportunamente a la Corte Suprema de Justicia de la vacancia y del interinazgo. El artículo 42 de la Ley 296/94, modificado por la Ley 763/95, encomienda a la Corte comunicar de inmediato al Consejo de la Magistratura las vacancias comprendidas en esa disposición. Es razonable examinar si esa vía correspondía en este caso y si se observó desde el inicio de la transición.
Este cuestionado relevo se produce mientras el legado de Rolón exhibe una preocupante lentitud. Las investigaciones relacionadas con ueno bank, el ex presidente Santiago Peña, ex autoridades del Banco Central del Paraguay y directivos del Grupo Vázquez requerían actuaciones urgentes para asegurar documentos, dispositivos electrónicos y registros financieros. Sin embargo, las demoras denunciadas en diligencias esenciales terminaron convirtiéndose en uno de los principales fundamentos de la crisis que precipitó su salida.
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