Las autoridades brasileñas, con la complicidad de sus pares paraguayos, violaron el objeto o fin del Tratado de Itaipú, que es la división de la energía en partes iguales (Art. XIII del tratado, y II.1 del Anexo C). La estrategia nacional, por ende, es hacer respetar este principio o recurrir a la Corte de La Haya para pedir su nulidad, tal como concluía el Dr. Gustavo de Gásperi (+).
¿A quién beneficia el statu quo vigente en Itaipú hace 43 años y siete meses? A Eletrobrás, sin lugar a dudas; sin embargo, el día 19 del presente mes leíamos en ABC Color, que el nuevo director general brasileño de Itaipú, Luiz Fernando Vianna, revelaba su deseo de iniciar “cuanto antes las discusiones con nuestro país sobre los modelos de comercialización de energía y de operación de la usina y no esperar hasta el 2023”.
Dos días después, el canciller compatriota, Eladio Loizaga, en una incomprensible trasposición de papeles, declaraba lo siguiente: “No vemos ninguna necesidad de adelantar las negociaciones. Cuando se cumpla la fecha se negociará. Todavía queda mucho tiempo y no vemos ningún motivo para apurar nada”, había declarado.
Para el actual jefe de la diplomacia paraguaya, según lo declarado, 43 años y siete meses de espera del pueblo paraguayo en Itaipú es poco tiempo y que, por ejemplo, la apropiación brasileña del excedente paraguayo en Itaipú, que ronda el 65% solo en el primer bimestre del presente año, o la pretendida compensación, en rigor el precio que imponen a nuestra energía, no es motivo para apurarse.
En 33 años (1984-2016), de la cuantiosa producción que acumuló hidroeléctrica binacional, el sistema eléctrico del vecino país consumió el 93% y el 7% restante el paraguayo.
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