Petropar recientemente contrató por G. 5.700 millones, por la vía de la excepción, los servicios del estudio jurídico Dechert Llp, que ya lo representa en el procedimiento arbitral iniciado por PDVSA ante la CCI, en París. De aquella suma, G. 1.140 millones ya fueron ejecutados. Se trata de uno de los casos más sonados de este año, que se había desatado ante la inacción de pago de este Gobierno, que sabía de los vencimientos y no honró ni un solo dólar.
El bufete Dechert Llp está representado legalmente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Alaine Decombe. El código de contratación se emitió el 10 de noviembre último, para el primer desembolso de G. 1.140 millones, de un total de G. 5.700 millones adjudicados. Este proceso empezó mucho antes, ya en agosto, pero hace poco se concretó la adjudicación.
Nuestro diario advirtió hasta el hartazgo sobre las consecuencias políticas y económicas que tendría que amarrarse a Venezuela y comprar a crédito un producto de consumo –como el combustible– que el público paga al contado.
El problema se acentuó con la inacción del actual Gobierno cuando aún las relaciones políticas con Venezuela se encontraban en condiciones de negociación. Tampoco se justifica lo que argumentan de que “intentaron pagar en numerosas ocasiones” el millonario pasivo de casi 300.000.000 de dólares más intereses moratorios, atendiendo a que desde Petropar intentaban negociar con funcionarios que no tenían poder de decisión en la estatal venezolana.
Uno de los últimos viajes realizados por la entonces titular interina de Petropar Catherine Vargas, fue absolutamente inútil al respecto.
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