La Corte Suprema de Justicia trabaja en una nueva acordada que busca reglamentar formalmente la figura de la asesoría de prueba, un mecanismo procesal clave en el cumplimiento de salidas alternativas al juicio oral otorgadas en los procesos penales sin relevancia penal.
El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las reglas de conducta impuestas a personas beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento o la condena a prueba.
La propuesta normativa fue elaborada por la Oficina Técnica Penal (OTP) y plantea establecer un marco regulatorio claro para la implementación y seguimiento de esta figura. Actualmente, la asesoría de prueba se aplica en casos donde los beneficiarios de medidas alternativas requieren una supervisión externa que garantice el cumplimiento de las condiciones impuestas por los juzgados.
La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, ministra Carlina Llanes, explicó que esta reglamentación es una necesidad urgente para dar mayor eficacia a las decisiones judiciales que otorgan medidas alternativas.
“Se necesita la reglamentación de la asesoría de prueba, que tiene que ver con el control del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en los procesos de suspensión condicional del procedimiento y suspensión condicional de la condena a prueba”, señaló Llanes.
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