Desde pedir sobornos para ascender a jueces y fiscales hasta ofrecer la absolución del violador de una menor de 11 años, cualquier cosa valía para escalar y mantenerse en esta red de poder tejida con favores, irregularidades e intereses personales, donde no solo participaban los jueces, sino también empresarios y políticos. Hasta el momento el escándalo implica a un juez supremo, a gran parte de la Corte Superior de Justicia del Callao y a al menos tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano independiente encargado de nombrar jueces y fiscales, ascenderlos o retirarlos de sus cargos. Las revelaciones, que amenazan con continuar con más grabaciones telefónicas, se han cobrado el cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, y la suspensión de cinco magistrados que trabajaban en el Callao. Únicamente ha conformado una comisión para investigar a los nombres aparecidos hasta ahora en las grabaciones y cargó con dureza contra IDL-Reporteros y el programa televisivo panorama, a quienes acusaron de conseguir las grabaciones ilegalmente.
Uno de los efectos más notorios de la difusión de los audios ha sido la renuncia del ministro de Justicia peruano, Salvador Heresi (derecha), este viernes. Foto BBC
Lima.- Perú se encuentra en una encrucijada a pocos días de celebrar los 197 años de su independencia, conmocionado e indignado al enterarse de que los jueces que debían dar ejemplo y castigar la corrupción de sus políticos son igualmente corruptos y regidos por intereses propios.
Con casi toda la primera línea de su clase política, entre ellos todos sus expresidentes vivos, implicada en casos de corrupción, la mayoría por los sobornos y pagos irregulares del caso Odebrecht, la sociedad peruana confiaba en que la Justicia hiciera su trabajo, pero el escándalo de esta semana rompió en añicos esa esperanza.
Una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas llevó de la mano a todos los peruanos hasta las turbias bambalinas de su sistema de justicia.
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