La corrupción rampante está convirtiendo al Paraguay en un aguantadero para mafiosos de diverso rango, que suelen utilizarlo como escenario para resolver sus pleitos a balazos. Esas disputas sangrientas –ligadas a los tráficos de armas y de drogas– afectan sobre todo a los departamentos de Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro, pero ya se han extendido a la capital. Si el Estado perdió el control de sus fronteras, es porque el crimen organizado se ha establecido en él. Hay “zonas liberadas” porque los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están inficionados. Los delincuentes pueden vivir aquí “con todas las de la ley”, con la certeza de que les brinda el envilecimiento de quienes se valen de la función pública para enriquecerse como sea. Ante esta intolerable situación, urge que la sociedad civil exija a las autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes, expulsando de inmediato a los malvivientes extranjeros que se valen del Paraguay como un refugio desde donde seguir delinquiendo, para mal de nuestro país y de sus vecinos.
El prófugo brasileño Marcelo Pinheiro, con órdenes de captura por narcotráfico, robo, homicidio, asociación criminal y formación de cuadrillas, fue apresado a mediados de mes en Cambyretá, donde estuvo los últimos ocho meses en una casa bien equipada. Antes vivió durante cinco años en el Alto Paraná, desde donde surtía de drogas y armas al llamado Comando Vermelho. Gran parte del tiempo residió en Hernandarias, que dejó con el “permiso” policial tras el asalto al local esteño de la empresa Prosegur. Tenía tres cédulas de identidad paraguayas y fue apresado en un operativo de la Senad, de la...
Es decir, hubo que esperar el apoyo –y quizá la insistencia– de organismos extranjeros para dar con el prófugo, pues los nacionales fueron incapaces de hallarlo o, mejor dicho, de capturarlo por sí solos. No sería de extrañar que la Policía Nacional no haya sido informada del procedimiento para evitar filtraciones.
El historial del organismo encargado del orden público es de lo más deplorable cuando el dinero del narcotráfico está de por medio. Agentes de su Departamento de Identificaciones vendieron al criminal argentino Ibar Pérez Corradi una cédula de identidad y un pasaporte, en tanto que altos oficiales, que siguen impunes, lo ampararon en Ciudad del Este por más de cien mil dólares. Tenía la radicación definitiva, como el brasileño Jorge Rafaat, con antecedentes judiciales en su país por los delitos de formación de cuadrilla, tráfico de drogas y lavado de dinero. También su compatriota Paulo...
Si los documentos de estos tres últimos personajes no fueron adulterados, cabe preguntarse cómo lograron la radicación permanente, pues el art. 6º de la Ley de Migraciones la niega a quienes “tengan antecedentes penales”, salvo que “no denoten en el futuro una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la sociedad”. Por lo demás, no vinieron para realizar “actividades útiles al desarrollo del país”, mencionadas en los arts. 12 y 13 de la misma ley, sino para seguir delinquiendo: si “invirtieron” dinero sucio en alguna estancia, fue para lavarlo y usar el inmueble para...
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