En 2021, un 4% del PIB fue devorado por la corrupción, US$ 1.600 millones, casi lo que el Estado invierte en salud y educación.
Quienes se animen a sostener que la corrupción no es el monstruo devorador que nos amenaza día a día sino una especie de enfermedad crónica a la que hay que habituarse, no están teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, tanto los de carácter público y oficial sino principalmente los que reptan al ras del suelo y nos hablan de un clima político de creciente toxicidad.
En términos estrictamente numéricos el daño es enorme. Una consultora privada habla de un 4% del PIB en 2021, lo cual implicó una pérdida de más de US$ 1.600 millones de dólares, en términos prácticos, lo que el Estado invierte en salud y educación. Es decir, la plata que no se puso en mejorar hospitales y escuelas fue a bolsillos privados, engrosando fortunas personales de las que muchos alardean públicamente. Esos son daños directos provocados por la corrupción instalada en el Estado.
Pero luego están los daños colaterales. ¿Cuáles son? Desde que el ex presidente Cartes y el actual vice en ejercicio Velázquez fueron declarados significativamente corruptos, el sistema institucional no ha dejado de estremecerse. Una República no puede resistir indefinidamente golpes que llegan desde todos los costados, poniendo en riesgo la estabilidad política y comprometiendo la conformación de chapas presidenciales para abril próximo.
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