Bogotá, 3 jul (EFE).- El contrato para la fabricación de los pasaportes colombianos, que este jueves llevó a la renuncia de la canciller Laura Sarabia, se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno en un ministerio que históricamente había estado alejado de las intrigas políticas.
Las siguientes son las claves de la polémica que involucra a los tres cancilleres del actual Gobierno.
El 31 de julio de 2023, la Cancillería decidió "suspender el proceso de licitación pública" para la emisión de pasaportes y etiquetas de visado colombianas porque otras empresas interesadas alegaron que no hubo libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir dichos documentos, y declaró desierta la convocatoria ganada por esa compañía.
Tras esa decisión, la Procuraduría General (Ministerio Público), abrió una investigación el 12 de septiembre de ese año contra el canciller de entonces, Álvaro Leyva, y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación.
Veinte días después, Leyva afirmó que "se recurrió a la figura de urgencia manifiesta" para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hace "la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista" para evitar retrasos en la expedición de pasaportes.
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