Nuevamente, como en los últimos años viene sucediendo, casi la mitad de las 254 municipalidades del país no cumplieron con el deber de rendir cuentas del empleo de los recursos del Fonacide, que debieron haber presentado al final del primer cuatrimestre de este año ante la Contraloría General de la República, como también del uso del dinero de los royalties de Itaipú. Según la ley, la Contraloría debe informar al Ministerio de Hacienda para que esa dependencia tome las medidas legales correspondientes. El extendido vicio de la informalidad ante las obligaciones legales de los funcionarios públicos es resultado de la impunidad. El primer organismo encargado de hacer respetar las reglas es la Contraloría, la cual se manejó siempre, y sea quien fuese su titular, como una entidad a la que no le importa mucho estas regularidades sino “andar bien” con los políticos que manejan la torta del Estado. De ahí que los delincuentes de las Municipalidades y Gobernaciones, que tanto abundan en el país, nunca hayan sido molestados por sus robos en el cargo. El desaprensivo robo de los fondos públicos que deben estar destinados al desarrollo socioeconómico y a la educación es un atentado alevoso contra el futuro del Paraguay.
Nuevamente, como en los últimos años viene sucediendo, casi la mitad de las 254 municipalidades del país no cumplieron con el deber de rendir cuentas del empleo de los recursos del Fonacide, que debieron haber presentado al final del primer cuatrimestre de este año ante la Contraloría General de la República, como también del uso del dinero de los royalties de Itaipú. Según la ley, la Contraloría debe “informar al Ministerio de Hacienda para que esa dependencia tome las medidas legales correspondientes”.
Sin embargo, la experiencia que se recoge de la reiterada comisión de estas faltas es desalentadora. A estas alturas, y teniendo a la vista estos malos ejemplos tan repetidos, hay que convencerse de un aserto muy repetido y muy deprimente: que la mejor idea política, si es aplicada en nuestro país, fracasará arruinada por la politiquería combinada con la corrupción y la impunidad. Fonacide es una buena idea, así como la distribución de royalties. Es seguro que factores de desarrollo como estos funcionan maravillosamente bien en países donde la honestidad del funcionario es la norma, y donde...
El extendido vicio de la informalidad ante las obligaciones legales de los funcionarios públicos es resultado de la impunidad. Si se rememora un poco, en 2016, habiendo finalizado el período quinquenal del mandato municipal, restaban todavía 77 intendentes y 1.374 concejales que simplemente ignoraron el deber legal de rendir cuentas de su patrimonio durante el lapso que ejercieron sus mandatos.
El primer organismo encargado de hacer respetar estas reglas es la Contraloría, la cual se manejó siempre, y sea quien fuese su titular, como una entidad a la que no le importan mucho estas regularidades sino “andar bien” con los políticos que manejan la torta del Estado. De ahí que los delincuentes de las Municipalidades y Gobernaciones, que tanto abundan en el país, nunca hayan sido molestados por sus robos de los bienes públicos. En el mejor de los casos, la Contraloría se limita a informar al Ministerio de Hacienda, donde, seguramente, se “consulta” previamente si los afectados son...
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