Ciertamente, existen medidas que buscan impedir que los (criminales) accedan a los activos obtenidos de un injusto. Por ello, el origen ilícito nos genera un “parámetro” legal para la práctica recomendada por organismos internacionales en materia de “prevención” de lavado de activos, reconocida sobre la nomenclatura de la “confiscación” del producto directo e indirecto del delito. Pues bien, la confiscación ocupa un paradigma en aquellas disposiciones en relación al lavado de activos, y especialmente, a raíz de las diversas interpretaciones vertidas, como lo articulado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.
Dicho lo anterior, también debemos “ponderar” otros instrumentos internacionales que han generado repercusión en noción axiológica con respecto a la “confiscación”. A tal efecto, se valora la importancia del Convenio de la Unión Europea sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 8 de noviembre de 1990.
En tal sentido, el Convenio de la Unión Europea reconoce ciertos términos como “productos”, que significa cualquier ventaja económica que se obtenga de la comisión de un delito. Puede consistir en cualquier propiedad de las definidas dentro del siguiente término: “propiedad”, que incluye la propiedad de cualquier clase, ya sea material o inmaterial, mueble o inmueble, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el título o cualquier interés sobre dicha propiedad.
Asimismo, la disposición (mencionada) alecciona como “instrumentos” cualquier propiedad utilizada o que se pretenda utilizar, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para cometer un delito o delitos. Además, revela el significado de “confiscación” como una pena o medida, ordenada por un tribunal tras un procedimiento judicial relacionado con un delito o delitos, que finaliza con la privación de la propiedad.
Por ende, dicho Convenio de la Unión Europea “promueve” la adopción de las medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para considerar como delitos en virtud del derecho interno, cuando se ejecuten de forma intencionada, sea a través de la conversión o transmisión de propiedades, con conocimiento de que dichas propiedades son producto de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de las mismas o de ayudar a cualquier persona que esté implicada en la comisión del delito base a evadir las consecuencias legales de sus acciones, y/o a raíz de la...
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