Por Fernando Boccia Torres - fernando-boccia@uhora.com.py
Luego de haber pasado una semana con una orden de detención en su contra, el pasado viernes el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas se presentó ante el juzgado y, a pesar de la oposición de la Fiscalía, consiguió en unas horas su libertad. Su caso retrata con exactitud a una justicia que se muestra implacable con los más vulnerables, pero floja y vacilante con los poderosos. Ahí reside la pobreza institucional del Poder Judicial.
Esta es la tercera imputación al político colorado por presuntos hechos de corrupción durante su gestión y, paradójicamente, es solo su segundo proceso. Esto se debe a que una de las imputaciones –en la que lo acusaban de sobrefacturar la merienda escolar– no fue "aceptada" por una jueza por haberse presentado fuera de horario de oficina. No es broma, googléelo.
Ahora, la Fiscalía lo imputó por un desvío de más de G. 8.000 millones de dos cuentas bancarias de la Muni- cipalidad, correspondientes al rubro de pavimentación y royalties. De pronto, la cantidad de baches y calles dinamitadas en la ciudad encontraron una explicación más convincente que las excusas vertidas por Cárdenas durante los diez años que estuvo al frente de la Comuna.
A todo esto hay que sumar otras tres denuncias realizadas por funcionarios municipales y vecinos lambareños en contra del ex intendente por desvíos y obras irregulares. Irónicamente, solamente una fiscala de Lambaré –Blanca Agüero– acepta investigarlo. El resto de los agentes fiscales de la ciudad se inhiben de él o de sus abogados.
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